Honduras Próspera

Honduras Próspera ha estado operativa desde la aprobación original de la ZEDE el 29 de diciembre de 2017. A marzo de 2026, la jurisdicción alberga a 2.399 residentes bajo uno o más de los acuerdos de residencia disponibles dentro de la jurisdicción: 255 residentes físicos, 422 e-residentes y 1.722 e-residentes limitados. El total de residentes aumentó 128 por ciento interanual. Las constituciones de entidades legales suman 483, un aumento de 140 por ciento interanual. El crecimiento trimestre contra trimestre es de 27 por ciento en registros de entidades y 37 por ciento en residentes.

El entorno construido en Roatán incluye desarrollos residenciales, el hotel Las Verandas y los Clubs at Pristine Bay, la escuela Pristine Academy que atiende a 53 estudiantes, infraestructura cívica y las operaciones de cara al público del General Service Provider que administra funciones municipales dentro de la jurisdicción. El Centro de Arbitraje de Próspera resuelve disputas desde 2018. El Consejo de Fiduciarios celebra reuniones públicas el segundo y cuarto jueves de cada mes, con siete de sus nueve puestos actualmente ocupados.

Honduras Próspera opera bajo la Ley Orgánica de las ZEDE de Honduras, aprobada por 102 de 128 diputados del Congreso hondureño en 2013 y declarada constitucional por decisión unánime de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. El marco autoriza jurisdicciones especiales dentro del territorio hondureño con su propia arquitectura regulatoria y de gobernanza. Próspera fue aprobada como la primera jurisdicción de este tipo el 29 de diciembre de 2017, después de aproximadamente doce meses de debida diligencia y negociación con CAMP, el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas, que supervisa las ZEDE. La Carta de Próspera fue aprobada el 23 de agosto de 2018 en la Embajada de Honduras en Washington, D.C., y reformada el 13 de septiembre de 2019.

La gobernanza dentro de la jurisdicción opera a través de un Consejo de Fiduciarios y un Secretario Técnico designado por CAMP. Cinco de los nueve puestos del Consejo serán eventualmente elegidos por los residentes; cuatro son designados por el promotor y organizador para anclar las decisiones de largo plazo frente a incentivos políticos de corto plazo. La elaboración de normas requiere promulgación por el Secretario Técnico y aprobación de dos tercios del Consejo y, para la mayoría de las categorías normativas, revisión separada por CAMP. Una vez que la población residente llega a mil personas, los residentes adquieren el derecho de nominar al Secretario Técnico y de reemplazar al comisionado de derechos humanos mediante referéndum. Una vez que la población llega a diez mil, todas las normas quedan sujetas a derogación por voto directo. El profesor Tom Bell llama a esto democracia correctiva, y es la columna vertebral del diseño de gobernanza.

El derecho sustantivo dentro de la jurisdicción es el Código de Common Law de Roatán, adaptado de los restatements del American Law Institute, los códigos comerciales modelo de la Uniform Law Commission y los códigos empresariales modelo de la American Bar Association. El marco resultará familiar para cualquiera que haya hecho negocios en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia o cualquier otro país de common law. Los títulos de propiedad siguen principios del registro Torrens adaptados de la legislación de Nueva Zelanda y Australia. El uso del suelo está descentralizado al estilo de Houston, Texas, con pactos y derechos separables de aire, ruido y densidad negociados dentro de la plataforma de gobierno electrónico. Las industrias reguladas pueden optar por cumplir con la ley hondureña, la ley de cualquiera de aproximadamente treinta países pares de mejores prácticas de la OCDE, o una norma Próspera a la medida. La arquitectura tributaria consta de tres instrumentos planos: un impuesto efectivo de 5 por ciento sobre la renta de personas naturales, un impuesto nominal de 10 por ciento sobre la renta de personas jurídicas con una tasa efectiva de 1 por ciento, un IVA minorista de 5 por ciento aplicado a la porción de valor agregado (2,5 por ciento efectivo sobre la venta final), y un impuesto de 1 por ciento sobre el valor de la tierra. A partir de 2030 o una vez que los residentes físicos personas naturales superen los cincuenta mil, lo que ocurra más tarde, la recaudación tributaria total queda limitada a 7,5 por ciento del PIB de la jurisdicción, con cualquier excedente reembolsado pro rata a los contribuyentes.

Las disputas se resuelven a través del Centro de Arbitraje de Próspera, el proveedor predeterminado de servicios de arbitraje para la jurisdicción. Entre los jueces sénior hay magistrados retirados de la Corte Suprema, tribunales de apelación y tribunales de primera instancia de Arizona, junto con académicos jurídicos internacionales y litigantes constitucionales. Para muchos procedimientos, las normas locales exigen que el Centro resuelva una disputa en un plazo de sesenta días, frente a un promedio nacional hondureño de aproximadamente veinte meses. Las decisiones crean precedente público dentro del sistema de common law de Próspera.

Tres anclajes de estabilidad jurídica respaldan el marco. La reforma sustantiva de la Ley Orgánica de las ZEDE requiere el voto de dos tercios del Congreso hondureño. Las obligaciones de Honduras frente a los inversionistas bajo CAFTA-DR y tratados paralelos de inversión obligan al gobierno central a honrar el marco acordado. La no objeción de CAMP a la Carta de Próspera es exigible mediante arbitraje privado administrado por el CIADI/ICSID en el Banco Mundial. Dentro de ese marco legal, la arquitectura institucional se capitaliza como lo hace cualquier arquitectura institucional seria: una pieza funcional a la vez.

El detalle operativo corresponde a la superficie de la compañía. Para residencia, constitución de empresas, marco regulatorio, operaciones cotidianas y vacantes actuales, use Próspera directamente.